La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un informe preliminar sobre la situación en Venezuela, cuya información recabó con 135 entrevistas a testigos realizadas a distancia -desde Ginebra y Panamá- ante la negativa del Gobierno a darles acceso al país, reseñó Efe.
En un reporte atribuido a ‘un equipo de expertos creado por el alto comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein para realizar un seguimiento a distancia, incluso desde Panamá’, la Oficina acusó al gobierno venezolano de usar fuerza excesiva, torturar a personas y allanar viviendas.
Un total de 124 personas han muerto en la ola de protestas, que se desató a comienzos de abril, cuando el Tribunal Supremo de Justicia, aliado del gobierno, intentó adjudicarse las atribuciones de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.
“Hemos recibido informes creíbles de trato cruel, inhumano y degradante por parte de las fuerzas de seguridad hacia los detenidos, que podrían ser definidos en varios casos como tortura“, las fuerzas de seguridad son responsables de la muerte de al menos 46 manifestantes.
“Las tácticas usadas incluían choques eléctricos (…) mantener colgados a los detenidos de las muñecas por largos períodos, sofocación con gas y amenazas de muerte -y en algunos casos amenazas de violencia sexual- contra los detenidos y sus familias”, agregó la portavoz de ACNUDH.
Además, ha denunciado que desde el 1 de abril, cuando comenzaron las protestas opositoras, 5.051 personas han sido detenidas de forma arbitraria, de las cuales “más de mil siguen detenidas”.
Según indicios “verosímiles” las fuerzas de seguridad han infligido “tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos, y que en algunas ocasiones han recurrido a la tortura”, alerta el Alto Comisionado.
“La responsabilidad por las violaciones de derechos humanos que estamos documentando recae en los niveles más altos del gobierno”, dijo Zeid. “Montados en motocicletas, suelen atacar y acosar a los manifestantes”.
Según reseña la publicación, Al Hussein aseveró que: “esas violaciones ocurren en plena ruptura del Estado de derecho en Venezuela, con ataques constantes del gobierno a la Asamblea Nacional y a la oficina de la Fiscal General (…)”.
Varios periodistas y empleados de prensa señalaron que las fuerzas de seguridad han obstruido su trabajo de informar sobre las manifestaciones. Ocho elementos de los cuerpos de seguridad han muerto en el contexto de las manifestaciones.
Throssell recordó que Venezuela debe respetar la ley internacional de derechos humanos y por eso reiteró su “preocupación” por el hecho de que todas las manifestaciones hayan sido prohibidas.
El informe completo será publicado en agosto.